Este viernes, el presidente del Gobierno tiene una cita importante: anunciar las nuevas medidas que han salido del Consejo de Ministros extraordinario. ¿La razón? Buscar respuestas efectivas ante las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. Y entre lo que nos traen, se asoma una rebaja fiscal que afecta a los combustibles, la electricidad y el gas. Según han adelantado varios medios, incluida la cadena Ser, destaca especialmente la reducción del IVA de los carburantes: pasará del 21% al 10%. Una decisión que contrasta con la bonificación universal de 20 céntimos por litro implementada en 2022 para mitigar los efectos del conflicto en Ucrania.
Las voces de las patronales y gasolineros resonaban pidiendo un cambio, instando al Gobierno a optar por una rebaja fiscal que alivie realmente a los consumidores. Y parece que finalmente han sido escuchados. Pero eso no es todo; este paquete anticrisis también eliminará el impuesto especial sobre hidrocarburos y suprimirá el actual impuesto eléctrico del 5%, además de bajar el impuesto al valor de producción eléctrica.
Un plan con múltiples dimensiones
Desde el Ejecutivo afirman que su propuesta será «proporcional, perimetrado y focalizado», buscando limitar cómo nos afectan las subidas en combustibles y electricidad. Han trabajado en colaboración con agentes sociales y sectores más golpeados por esta crisis, presentando un plan con cuatro ejes: medidas estructurales, un paquete fiscal centrado en ayudar a quienes más lo necesitan, atención especial a sectores vulnerables como agricultores o transportistas y un escudo social para proteger a los más desfavorecidos.
En la primera dimensión se apuesta fuerte por energías renovables—con iniciativas como comunidades energéticas o autoconsumo—y electrificación. La segunda está enfocada en minimizar costos energéticos mediante medidas fiscales. La tercera se centra en aliviar la carga del aumento de carburantes para sectores críticos como el campo o la pesca. Y por último, un escudo social para garantizar que aquellos más vulnerables no sufran cortes de suministro energético.
No obstante, no todo son buenas noticias; tanto María Jesús Montero como Carlos Cuerpo ya han dejado claro que este decreto no incluirá algunas propuestas muy necesarias como la prohibición de desahucios para personas vulnerables ni prórrogas para contratos de alquiler próximos a vencer. Estos temas no parecen contar con suficiente apoyo parlamentario.