El pasado martes, 8 de enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo anteproyecto que promete revolucionar nuestra relación con el tabaco en España. Por primera vez, los menores que fumen o usen vapers se enfrentan a multas directas de 100 euros, y lo más llamativo es que serán sus padres quienes tendrán que hacerse cargo del pago. Una medida polémica, sin duda, pero necesaria ante el alarmante aumento del consumo entre adolescentes, que ha crecido un 15% en dos años.
Un cambio radical en espacios libres de humo
Las sanciones no solo afectan a los jóvenes; también las grandes empresas están bajo la lupa. La ley establece multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros por promover productos relacionados con el tabaco. Esto se dirige especialmente hacia las compañías que publicitan cigarrillos electrónicos, cada vez más populares entre nuestros jóvenes.
Aparte de esto, la normativa amplía drásticamente los lugares donde fumar está prohibido. Ahora no solo nos encontramos con espacios cerrados; también estarán libres de humo vehículos comerciales, piscinas públicas y campus universitarios. Sin olvidar terrazas de bares y restaurantes, un punto caliente para debate entre hosteleros y asociaciones de fumadores.
Las estaciones de transporte público también entran en este nuevo marco legal, rompiendo con una ley anterior que permitía fumar al aire libre en estos lugares. Según cifras del Ministerio de Sanidad, estas medidas podrían proteger a más de 15 millones de españoles expuestos al humo pasivo cada día.
Además, hay una clara intención: equiparar el tabaco tradicional con esos nuevos productos como los vapeadores. Todos ellos tendrán las mismas restricciones respecto a su venta y publicidad; ya era hora de cerrar esos vacíos legales anteriores.
A nivel sancionador hay tres niveles: infracciones leves (de 100 a 600 euros) por fumar donde no se debe o permitir que un menor consuma tabaco; graves (601 a 10.000 euros) por vender tabaco a menores o habilitar zonas para fumar donde está prohibido; e infracciones muy graves (hasta 600.000 euros) relacionadas con la promoción del tabaco.
No podemos olvidar cómo esta ley impactará al sector hostelero; adaptarse será fundamental para ellos si quieren mantener sus terrazas como espacios agradables para todos. La Federación Española de Hostelería ya ha mostrado su preocupación ante posibles pérdidas económicas durante la transición.
A pesar del miedo al impacto negativo inicial en sus ingresos —con algunos estudios sugiriendo una caída del 15% o incluso más— el Ministerio sostiene que otros países europeos han visto cómo esta situación es pasajera y pronto llegan nuevos clientes no fumadores atraídos por ambientes más saludables.
Pese a todo esto, hay esperanza en la comunidad: el anteproyecto refuerza las medidas protectoras para menores prohibiendo tanto su venta como su consumo hasta los 18 años. Las multas por venderles productos nocivos podrían llegar hasta los 10.000 euros si son reincidentes; una acción decidida contra aquellos que intentan captar a nuestros jóvenes.
Dado que casi un tercio de estudiantes entre 14 y 18 años había consumido tabaco recientemente según datos recientes del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, estas nuevas reglas pretenden dar un giro radical a estas cifras en el futuro cercano.
Aún queda camino por recorrer antes de ver todo esto implementado oficialmente; se estima que podrá entrar en vigor entre finales del año próximo y principios del siguiente tras pasar por un largo proceso parlamentario lleno de debates e incertidumbres sobre cómo afectará realmente nuestras calles y costumbres cotidianas.