La tarde del 29 de octubre fue un día trágico para la Comunidad Valenciana. En medio de la devastadora dana que dejó a su paso 224 víctimas mortales, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se vio envuelto en un torbellino de críticas sobre su paradero durante tres horas cruciales. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó entre las 17:45 y las 20:28 horas?
El propio Mazón ha tratado de dar explicaciones desde Madrid, asegurando que permaneció en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, este intervalo coincide con momentos decisivos cuando se enviaban alertas a la población sobre una situación ya alarmante. Es como si esas horas se hubieran esfumado sin dejar rastro.
Una gestión cuestionada y un proceso judicial abierto
A medida que avanzan las investigaciones, surgen voces del Gobierno central que sugieren que sus explicaciones podrían tener ramificaciones legales. Y no es para menos, porque los datos revelan que muchos de los fallecimientos ocurrieron justo al inicio de la riada, antes incluso de que se dieran recomendaciones claras a los ciudadanos para buscar refugio en lugares altos.
A pesar del clamor popular y las dudas sobre su actuación, el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja decidió inadmitir una querella presentada por el sindicato CGT contra Mazón, justificándolo por su condición de aforado. Pero esto no termina aquí; también hay otra denuncia archivada proveniente de un vecino de Alfafar, quien acusó al president de varios delitos graves como prevaricación e imprudencia con resultado mortal.
Tras escuchar al denunciante hace unas semanas, la jueza optó por mantenerlo en el proceso únicamente como testigo. Mientras tanto, nosotros seguimos preguntándonos: ¿realmente tenemos respuestas o solo más interrogantes ante esta tragedia? La comunidad merece claridad y no sombras.