Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se ha convertido en el centro de una polémica que no deja a nadie indiferente. El Ministerio del Interior ha decidido reforzar su seguridad personal tras una filtración bastante preocupante: datos privados de García Ortiz fueron entregados al Tribunal Supremo (TS) por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y no solo hablamos de él; también están implicadas su escolta y otros individuos mencionados en ese informe.
Un riesgo inaceptable
Imagina recibir una carta que contiene tu dirección, tu número de teléfono y hasta documentos de identidad. Eso es exactamente lo que le ocurrió a García Ortiz, quien no ha dudado en expresar su inquietud ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según sus palabras, este hecho pone en grave peligro su seguridad personal.
Este escándalo se da justo en medio de una investigación sobre un posible intercambio irregular de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En este entramado también figuran otros fiscales como Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. Las conversaciones telefónicas entre el 8 y el 14 de marzo están ahora bajo la lupa judicial, pero lo que debería ser un proceso serio se ve ensombrecido por esta tremenda falta de cuidado con los datos personales.
Desde que asumió su cargo, García Ortiz ha sido una figura clave dentro del sistema judicial español. Sin embargo, este último episodio donde sus datos han salido a la luz añade más tensión a un caso ya delicado sobre las filtraciones relacionadas con Ayuso. En su carta a la secretaría de Estado de Seguridad, subrayó cómo esta práctica puede comprometer seriamente su bienestar y solicitó medidas urgentes para protegerse.
No podemos evitar preguntarnos: ¿hasta dónde llega el acceso a la información judicial? Este caso no solo saca a relucir fallos en los protocolos de manejo data sensibles sino que también llama nuestra atención sobre la necesidad urgente de equilibrar transparencia y privacidad. Es fundamental asegurar que sólo se comparta información realmente necesaria para evitar poner en riesgo a personas involucradas en procesos tan importantes.