Los peruanos están a punto de embarcarse en otro proceso electoral, y lo hacen con un sentimiento de incertidumbre palpable. El próximo 12 de abril, las elecciones presidenciales y legislativas se presentan como una prueba de fuego en medio de una década llena de inestabilidad, donde ya hemos visto pasar a ocho presidentes, incluido el actual. Con un escenario tan turbulento, no es sorprendente que los candidatos que buscan ocupar un puesto en el nuevo Congreso bicameral sean objeto de cuestionamientos y controversias.
Un censo electoral en expansión
Este año, más de 27 millones de votantes tendrán la oportunidad de participar, lo que supone un aumento del 8% respecto a 2021. Pero aquí viene el gran dilema: ¡hasta 35 candidatos presidenciales! Esto puede llevarnos hacia una fragmentación del voto que nunca antes habíamos visto. Los favoritos apenas superan el 14%, así que no sería raro ver una segunda vuelta el 7 de junio. Y entre los nombres destacados encontramos a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, quienes están compitiendo por captar el apoyo del electorado limeño mientras luchan contra la marea del descontento generalizado.
La historia reciente nos recuerda cómo Fujimori perdió ante Pedro Castillo, quien supo ganar el apoyo del sur y las zonas mineras prometiendo reformas profundas frente a un Congreso reacio. Además, hay casi diez mil personas tratando de conseguir su puesto en ese nuevo Congreso que llevaba décadas sin funcionar como tal; para entrar necesitan al menos un 5% de los votos.
Sin embargo, la situación es más preocupante cuando miramos a los candidatos: al menos 16 han ocultado información crucial sobre su pasado en sus declaraciones juradas. Esto despierta serias dudas sobre su idoneidad para representar al pueblo peruano. La sombra de la corrupción acecha con cuatro expresidentes encarcelados —y otros tantos con problemas judiciales— lo que plantea interrogantes sobre la credibilidad del sistema político actual.
Además, no podemos ignorar la alarmante cifra de aproximadamente 500 candidatos con sentencias firmes por diversos delitos; entre ellos, hay hasta 51 acusados por violencia familiar. Entre estos partidos políticos destacan Alianza para el Progreso y Fuerza Popular por tener un número significativo de condenados entre sus filas.
A medida que se acercan las elecciones, todos nos preguntamos si este será el momento en que los peruanos logren poner freno a esta crisis institucional galopante o si simplemente veremos cómo siguen tirando todo por la borda mientras enfrentan problemas tan acuciantes como la inseguridad y la corrupción.