En una noche que no debería haberse olvidado, la ONG Amnistía Internacional ha alzado la voz para pedir justicia. El bombardeo que dejó a nueve personas muertas y a decenas heridas en Beit Shemesh, Israel, el pasado 1 de marzo, es calificado por ellos como un acto indiscriminado y una clara violación del Derecho Internacional Humanitario.
La directora de Investigación y Campañas de AI, Erika Guevara-Rosas, no se ha quedado callada. Con firmeza, ha afirmado que el misil usado en este ataque es altamente impreciso y su uso en zonas civiles es completamente inaceptable. “Destruyó una sinagoga y un refugio antiaéreo; dos lugares donde la gente debería sentirse segura”, lamenta.
Una tragedia evitable
No solo fueron cifras frías; entre las víctimas había cuatro niños. “El uso de un misil balístico convierte este ataque en algo indiscriminado”, señala Guevara-Rosas con un tono lleno de preocupación por los inocentes atrapados en el fuego cruzado. Es obvio: atacar sin cuidado resulta en muertes innecesarias y daños a propiedades civiles, lo que, según ella, constituye un crimen de guerra.
Además, Amnistía ha revisado imágenes que circulan por las redes sociales mostrando la munición cayendo sobre Beit Shemesh. Estas evidencias apuntan a que la devastación causada corresponde al uso de un misil balístico con una ojiva enorme, dejando claro que no había objetivos militares válidos cerca del lugar del impacto. “El objetivo militar más cercano estaba a unos 3,5 kilómetros”, recalcan.
A medida que otras naciones se suman a esta petición internacional por justicia, el eco de estas demandas resuena fuerte: hay que investigar lo ocurrido y hacer responsables a quienes decidieron jugar con la vida ajena. Porque detrás de cada número hay historias reales y vidas destrozadas.