En un giro de los acontecimientos que nos recuerda la fragilidad de las relaciones internacionales, el Ministerio de Exteriores chino ha decidido convocar a la cónsul estadounidense en Hong Kong, Julie Eadeh. ¿El motivo? Alertar a sus compatriotas sobre una nueva normativa que permite a la Policía exigir las contraseñas de los teléfonos móviles. Este cambio, incluido en la Ley de Seguridad Nacional, es parte del control que Pekín ejerce sobre el territorio y ha encendido las alarmas no solo en Estados Unidos, sino también entre los defensores de derechos humanos.
Una ley con consecuencias preocupantes
La reciente legislación entró en vigor el 23 de marzo y deja claro que negarse a entregar la contraseña podría llevarte hasta un año tras las rejas. No obstante, el Gobierno hongkonés se vio obligado a aclarar que estos requerimientos deben hacerse bajo autorización legal, evitando así un examen arbitrario del contenido telefónico. Pero aquí es donde las cosas se complican: mientras algunos medios internacionales denuncian esta ley como una herramienta para silenciar voces disidentes, otros critican lo que consideran descripciones “exageradamente generalizadas”.
La Ley de Seguridad Nacional, presentada como una medida esencial contra elementos desestabilizadores según China, ha sido vista por muchos como un instrumento para aplastar cualquier forma de disidencia. Y es que hoy en día, Hong Kong parece haber perdido gran parte de su esencia democrática bajo un régimen que actúa al dictado de Pekín.