En un giro inesperado en la política estadounidense, una veintena de senadores demócratas ha decidido alzar la voz. Este lunes, presentaron una propuesta de ley que no solo busca justicia, sino que exige a la Administración de Donald Trump devolver más de 148 millones de euros en aranceles ilegales, y lo quiere hacer en un plazo máximo de 180 días.
La semana pasada, el Tribunal Supremo sentó un precedente al declarar inválidos esos gravámenes impuestos por Trump. Con un voto claro de seis a tres, se abrió la puerta para que los senadores como Ron Wyden y Edward Markey, entre otros, insistieran en que el dinero debe regresar a quienes realmente les pertenece: las pequeñas empresas y las familias trabajadoras. “No son las grandes corporaciones las que deben beneficiarse; son las familias de clase media quienes pagaron esos impuestos”, argumenta el senador Markey.
Prioridad para las pequeñas empresas
Esta iniciativa no es solo un acto simbólico; promete dar prioridad a las pequeñas empresas en el proceso de reembolso. “Queremos que los importadores no enfrenten trámites engorrosos para recuperar su dinero”, enfatiza Wyden. Además, cada 30 días se exigirá información sobre el estado de estos reembolsos, lo cual añade transparencia al proceso.
A raíz del fallo del Supremo sobre los aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), muchos se preguntan cómo reaccionará Trump ante esta presión. Su advertencia previa sobre las posibles repercusiones económicas si perdía en corte resuena con fuerza: “sería un completo desastre” para el país.
Con estas acciones legislativas, los demócratas buscan no solo recuperar dinero perdido por muchos ciudadanos estadounidenses, sino también reafirmar su compromiso con aquellos que han sido perjudicados por decisiones impopulares y cuestionables. Así continúa este capítulo complejo en la relación entre economía y política.

