En un giro que ha levantado ampollas, ocho naciones árabes y musulmanas, entre las que destacan Arabia Saudí, Egipto y Qatar, han criticado duramente la reciente decisión de Israel de declarar ciertas áreas de Cisjordania como «propiedad del Estado». Lo hacen señalando que esta medida es nada menos que una grave escalada destinada a impulsar aún más los asentamientos ilegales.
La lista de firmantes incluye también a Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía. Todos coinciden en que este paso no solo es ilegal, sino que busca acelerar la confiscación de tierras y aumentar el control israelí sobre una región ya tensa. De hecho, afirman que se está aplicando una soberanía israelí sobre los Territorios Ocupados Palestinos en un acto que socava los derechos legítimos del pueblo palestino.
Un grito desesperado por justicia
Estos países subrayan que estas acciones son una violación clara del Derecho Internacional y contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Mencionan especialmente la resolución 2234, recordando además cómo la Corte Internacional de Justicia ya había advertido sobre las implicaciones legales de las políticas israelíes.
A lo largo de su declaración, reiteran el rechazo categórico a cualquier medida unidireccional que busque alterar el estatus legal o demográfico en Palestina. En sus palabras: «Esto es una peligrosa escalada». Nos advierten que esta situación no solo exacerbará las tensiones locales, sino que también comprometerá el futuro de una paz justa en toda la región.
A medida que estas naciones hacen un llamado a la comunidad internacional para actuar con determinación ante tales violaciones, reclaman derechos fundamentales como el derecho a la autodeterminación y el establecimiento de un estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital.
El trasfondo de esta controversia se encuentra en las manos del ministro ultranacionalista Bezalel Smotrich y sus colegas, quienes buscan regularizar explotaciones agrícolas y clarificar el estatus territorial en Cisjordania. Sin embargo, este intento burocrático parece más un retroceso hacia prácticas abandonadas hace décadas.