En un nuevo capítulo de esta desgarradora historia, el Gobierno palestino ha lanzado una condena sin ambages ante la reciente decisión de Israel de anular las licencias de diversas ONG que operan en Gaza. Este movimiento, calificado como «arbitrario», parece tener un objetivo claro: eliminar cualquier posibilidad de que existan testigos que puedan denunciar las violaciones del derecho internacional. No se trata solo de burocracia; es una lucha por la supervivencia.
Desde el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina han subrayado que estas organizaciones son esenciales para ofrecer asistencia humanitaria y sanitaria a un pueblo que sufre en medio del genocidio y la hambruna, circunstancias que Israel ha convertido en armas en este conflicto. En palabras del comunicado, «las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, representan auténtica piratería».
La voz crítica de Médicos Sin Fronteras
Médicos Sin Fronteras (MSF), por su parte, no se ha quedado callada. Han denunciado esta revocación y aseguran haber cumplido con todos los requisitos establecidos por Israel. Pero aquí viene lo intrigante: nunca les proporcionaron criterios claros ni garantías sobre lo que necesitaban exactamente. Claire San Filippo, coordinadora de Emergencias de MSF, afirma con firmeza que las acusaciones sobre su supuesta falta de cumplimiento son incorrectas. «Hemos estado trabajando codo a codo desde julio y hemos presentado casi toda la información requerida», aclara.
Aún más grave son las acusaciones israelíes sobre vínculos con grupos armados. MSF rechaza contundentemente estas afirmaciones. «Nos tomamos muy en serio tales acusaciones; nunca contrataríamos a alguien involucrado en actividades militares», enfatizan. Hacer públicas esas alegaciones sin pruebas no solo pone en peligro al personal humanitario sino que también socava el trabajo médico crítico realizado en zonas tan vulnerables.