En un giro sorprendente, el Parlamento israelí ha aprobado este lunes, en una tercera lectura, una ley que prohíbe de manera contundente el suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Con 59 votos a favor y solo 7 en contra, esta medida no solo apaga luces y grifos; también busca cortar cualquier tipo de comunicación y servicios financieros al organismo. Todo un golpe directo a los ya frágiles cimientos del apoyo humanitario en la región.
Cambio radical en la política israelí
A lo largo del tiempo, hemos visto cómo se han ido cerrando puertas. Esta nueva legislación es simplemente otra pieza más en un rompecabezas que comenzó hace meses. En octubre de 2024 ya se habían aprobado leyes similares que impedían a la UNRWA operar tanto en territorio israelí como en los Territorios Palestinos Ocupados, anulando un acuerdo que databa nada menos que de 1967.
Aparte del desmantelamiento de servicios básicos, esta ley permite al Gobierno de Benjamin Netanyahu apoderarse sin más dilación de propiedades arrendadas a la UNRWA en zonas como Maalot Dafna y Kafr Aqab. ¿Y todo esto sin necesidad de procedimientos legales? Es inaceptable pensar que se puedan tomar decisiones tan drásticas sin seguir el debido proceso.
No podemos quedarnos callados ante una situación así. El futuro de muchas personas depende del respeto a sus derechos fundamentales. Esta es una historia que necesitamos contar, porque detrás de cada número hay vidas humanas afectadas por decisiones políticas cargadas de consecuencias devastadoras.