En un giro inesperado de los acontecimientos, la Fiscalía de Polonia ha dado un paso al frente y ha acusado a cinco personas de estar implicadas en actividades de espionaje. Dos ucranianos y tres bielorrusos están bajo la lupa tras una reciente denuncia que Varsovia lanzó sobre un intento de sabotaje a su red ferroviaria, un incidente que se remonta a hace apenas dos semanas y que el gobierno polaco atribuye a maniobras rusas.
Las acusaciones son serias: se dice que estos individuos establecieron contacto con agentes de inteligencia extranjera mediante Telegram. Su misión, según las autoridades, incluía tareas tan delicadas como transmitir fotografías de infraestructuras críticas y otros puntos estratégicos para la seguridad nacional. Y todo ello, claro está, por un puñado de criptomonedas que les llegaban como pago por sus servicios.
Un futuro incierto para los acusados
El peso del artículo 130 del Código Penal polaco se cierne sobre ellos como una sombra; las penas pueden variar entre cinco y treinta años tras las rejas. Los nombres son Oleksandr S., Sofia Ch. —quien aún es menor—, Viktoria M., Anton M. y Uladzimir U., todos arrestados entre el 25 y el 26 de noviembre por la Agencia de Seguridad Interna junto con la Policía. Tras horas bajo interrogatorio, cuatro fueron enviados a prisión preventiva; incluso la menor fue recluida en un centro especializado a petición del fiscal.
A pesar del revuelo, uno ha quedado libre debido a problemas de salud, aunque le han impuesto restricciones para evitar que pueda huir. Este escándalo sigue al hilo de otras detenciones recientes relacionadas con actos vandálicos contra el sistema ferroviario polaco ocurridos los días 15 y 16 de noviembre en localidades cercanas a Varsovia.
El primer ministro Donald Tusk no ha tenido reparos en calificar esto como “terrorismo de Estado”. Sus palabras resuenan fuertes: “Rusia está llevando adelante otra fase de guerra híbrida destinada a desestabilizar nuestro país”, declaró con firmeza ante la creciente preocupación ciudadana.