En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha logrado sacar adelante su controvertida ley de agentes extranjeros, un movimiento que ha encendido alarmas entre organizaciones de Derechos Humanos. Muchos ven esta norma como un paso más hacia un régimen cada vez más autoritario, en un país donde la democracia parece estar sufriendo a pasos agigantados.
A pesar de las críticas y las denuncias desde distintas partes del mundo, Bukele sigue disfrutando del respaldo de amplios sectores de la población salvadoreña. La situación se torna preocupante cuando recordamos cómo ha centralizado poder en la Asamblea Legislativa con su partido Nuevas Ideas, aprobando leyes sin apenas oposición. Esto no es solo una cuestión política; es una erosión palpable de los derechos ciudadanos.
Una ley que ahoga a las voces críticas
No es la primera vez que Bukele utiliza su autoridad para silenciar a quienes se atreven a cuestionar sus decisiones. En 2020, incluso irrumpió en el Parlamento con fuerzas de seguridad para presionar a los diputados por un préstamo relacionado con políticas carcelarias. Desde entonces, miles han sido víctimas de detenciones arbitrarias y maltratos bajo un régimen de excepción que muchas ONG han denunciado rotundamente.
La nueva legislación impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciban las ONGs desde el extranjero y limita drásticamente sus actividades. Ahora deberán registrarse como agentes extranjeros si reciben apoyo internacional y no podrán cambiar el propósito para el cual recibieron esos fondos sin notificarlo previamente. Todo esto bajo el pretexto de la “transparencia”, pero lo cierto es que muchos consideran que solo busca acallar voces disidentes.
Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), no ha dudado en señalar que esta medida tiene como objetivo “silenciar” a quienes destapan corrupción y violaciones a los derechos humanos. Asegura que estigmatizar a las organizaciones sociales mediante impuestos asfixiantes no hace otra cosa más que reprimir la disidencia.
La comunidad internacional mira con preocupación cómo esta ley podría abrir la puerta al control absoluto sobre aquellas entidades que luchan por los derechos fundamentales en El Salvador. Ya hemos visto ejemplos similares en otros países donde este tipo de legislaciones han generado protestas masivas. ¿Acaso estamos ante el inicio de algo parecido aquí?