En un giro que nadie esperaba, la Justicia tunecina ha decidido poner a Ali Larayedh, el ex primer ministro del país, entre rejas por un tiempo considerable: 34 años. Este veredicto ha hecho temblar los cimientos de la política tunecina y ha puesto en el centro del debate a su partido, Ennahda, que gobernó entre 2011 y 2013. ¿La razón? Facilitar la salida de más de 5.000 tunecinos hacia zonas de conflicto como Siria, donde muchos se unieron a organizaciones terroristas como Estado Islámico.
Un escándalo que sacude al país
El caso involucra a unas 820 personas, lo que deja claro que no es un asunto menor. Junto con Larayedh, otros siete acusados también han recibido penas de entre 18 y 36 años. Todos ellos deberán cumplir cinco años bajo vigilancia administrativa una vez cumplidas sus condenas. Las acusaciones son graves: desde establecer acuerdos terroristas hasta utilizar territorio tunecino para atacar a naciones extranjeras o sus ciudadanos.
Por supuesto, no faltan las voces en defensa del ex primer ministro. Su comité legal asegura que esta condena es parte de una “campaña de difamación y desinformación” repleta de “mentiras y engaños”. En un comunicado publicado en la cuenta oficial del partido Ennahda en Facebook, afirman que todo este proceso está lleno de violaciones judiciales y tiene tintes claramente políticos.
A medida que avanza este caso, queda claro que los ecos de la justicia resuenan con fuerza en Túnez. La pregunta es: ¿será suficiente esta sentencia para cerrar heridas abiertas o solo abrirá nuevas divisiones?