En una jugada inesperada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido poner freno a las expulsiones basadas en la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, que parece sacada de un libro de historia del siglo XVIII, se ha utilizado para encerrar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a organizaciones terroristas y trasladarlos a El Salvador. Una situación alarmante que nos hace cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la seguridad.
La voz de la justicia resuena
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) logró una victoria momentánea al solicitar una apelación urgente justo antes de que se llevara a cabo un nuevo vuelo con deportaciones. Imagina ser uno de esos migrantes, esperando ser subido a un autobús sin saber tu destino final. “Nos sentimos profundamente aliviados”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU. Y no es para menos; el riesgo era real: pasar el resto de sus vidas en una cárcel salvadoreña sin siquiera haber tenido un juicio justo.
El tribunal dejó claro que ningún miembro de esta supuesta clase puede ser trasladado hasta nueva orden. Esto afecta especialmente a los detenidos en el centro Bluebonnet, en Texas, donde varios enfrentan cargos relacionados con el Tren de Aragua. Al declarar a esta organización como terrorista, la administración Trump intentó justificar acciones drásticas e inusuales bajo leyes obsoletas.
A lo largo de la historia estadounidense, solo tres veces se había aplicado esta ley antes: durante la Segunda Guerra Mundial contra civiles japoneses. Ahora vuelve a aparecer en escena para amenazar vidas humanas y vulnerables.
La Casa Blanca aún guarda silencio sobre este fallo judicial mientras continúa la tensión entre el poder ejecutivo y judicial. Es difícil no sentir una mezcla entre alivio y preocupación por lo que está sucediendo detrás del telón político: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? La lucha por los derechos humanos sigue siendo más relevante que nunca.