El ambiente en el Gobierno israelí está más caliente que nunca. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas y un ultranacionalista declarado, ha lanzado una bomba este martes al pedir a Benjamin Netanyahu que boicotee al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. ¿La razón? A pesar de que el Tribunal Supremo ha emitido una orden cautelar que frena su destitución, Smotrich parece decidido a no darle tregua.
«A partir del 10, Bar seguirá siendo el jefe del Shin Bet con todas las de la ley», ha afirmado con rotundidad en su perfil de X. No se anda con rodeos, y exige al primer ministro que no le convoque ni le trate de ninguna manera. Aquí es donde las cosas se complican. En medio de esta tormenta política, Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, también ha entrado en escena diciendo que hay que retomar pronto la reforma judicial. Según él, esto es crucial porque la erosión constante de la autoridad democrática por parte de órganos no electos debería preocuparnos a todos.
Una crisis profunda y cuestionamientos éticos
No sólo ellos están hablando; Shlomo Karhi, quien lleva la cartera de Comunicaciones, ha remarcado que «el Gobierno debe obedecer la ley» y que esa es una obligación fundamental para cualquier líder. La situación no da respiro: tras los ataques sufridos por Israel desde el 7 de octubre por parte de milicias palestinas, Netanyahu decidió cesar a Bar alegando pérdida de confianza.
Sin embargo, muchos critican esta decisión como un intento desesperado por silenciar investigaciones incómodas sobre posibles corrupciones entre el Gobierno y grupos como Hamás. La oposición y gran parte del público ven esto más como un castigo hacia Bar por sus indagaciones que como una medida justa.
Aquí estamos viendo cómo se dibuja un panorama muy complicado en Israel; donde las decisiones políticas parecen estar más motivadas por intereses personales que por el bienestar común. Y mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué pasará realmente después del 10 de abril?