En París, el pasado 31 de marzo, se produjo una noticia que ha hecho temblar los cimientos del ultraderechismo europeo. Un tribunal ha declarado culpable a Marine Le Pen, la líder de la Agrupación Nacional, y a otros ocho eurodiputados de su partido por malversación de fondos públicos. ¿De qué hablamos? De un caso en el que desviaron nada menos que 2,9 millones de euros provenientes de la Unión Europea a través de falsos asistentes parlamentarios.
La situación es grave y no se puede tomar a la ligera. Esta condena podría llevar a Le Pen a enfrentarse a una inhabilitación, aunque aún está en el aire si eso se aplicará de inmediato. Pero no son solo ellos; doce asistentes también han sido considerados culpables por recibir estos fondos que nunca debieron tocar. Según las investigaciones, la Agrupación Nacional había montado un verdadero sistema centralizado para gestionar las dietas destinadas a los eurodiputados. En lugar de usarlas para sus legítimos asistentes, esos dineros se utilizaban para saldar cuentas del partido, como si fuera un truco fácil para aliviar las arcas vacías de una formación política que no da pie con bola.
A medida que seguimos viendo cómo este tipo de escándalos emergen, nos preguntamos: ¿hasta dónde llega el abuso del poder y hasta cuándo seguiremos permitiendo que políticos como Le Pen jueguen con nuestros recursos? La indignación crece y es momento de exigir respuestas claras y contundentes.