El Parlamento de Israel ha dado este jueves un giro polémico al aprobar una reforma que muchos consideran un ataque directo a la independencia judicial. La medida, impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, busca ampliar su control sobre el nombramiento de jueces, dejando a la sombra el principio de separación de poderes que tanto valor tiene para la democracia.
Reacciones y promesas de cambio
La oposición no se ha quedado callada ante esta jugada y ya ha prometido revertir la ley en cuanto tengan la oportunidad. Con más de 70.000 objeciones presentadas, han dejado claro que no están dispuestos a tirar por la borda lo que consideran uno de los pilares fundamentales del Estado. “Aprobamos una ley con un solo objetivo: garantizar que los jueces queden sujetos a la voluntad de los políticos”, han denunciado desde sus filas.
No solo eso, mientras el país enfrenta desafíos como la situación crítica con rehenes en Gaza, este Gobierno parece más centrado en dividir aún más a su población que en buscar soluciones reales. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre cómo es posible que se prioricen intereses políticos por encima del bienestar colectivo.
Las organizaciones defensoras de derechos civiles no han tardado en actuar; varias ya han presentado recursos ante el Supremo argumentando que esta normativa es inconstitucional y contraria a las “Leyes Básicas” del país. La indignación se siente en cada rincón y muchos temen que estemos ante un futuro donde las decisiones judiciales sean dictadas más por conveniencias políticas que por justicia real.