Este domingo, un tribunal ha decidido que Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul y rival directo del presidente Erdogan, debe permanecer tras las rejas. La razón oficial es la acusación de corrupción, aunque también hay sombras que lo vinculan con el PKK, un grupo considerado terrorista por el gobierno turco. Pero lo que realmente se siente en el aire es una profunda preocupación: ¿estamos ante un caso de persecución política?
Un arresto que sacude a la ciudad
Imamoglu fue detenido el miércoles y desde entonces ha estado bajo custodia. Fuera de los muros del tribunal, miles de personas han tomado las calles para mostrar su apoyo al alcalde, quien sostiene que todo esto es parte de una maniobra orquestada por Erdogan. Mientras tanto, el presidente niega cualquier tipo de interferencia y dice confiar plenamente en la independencia del sistema judicial.
Las acusaciones en su contra son serias: se le señala por haber creado una red criminal para manipular licitaciones. Sin embargo, Imamoglu rechaza estas imputaciones con vehemencia. En su declaración ante el tribunal aseguró que simplemente no tiene tiempo ni capacidad para manejar tales irregularidades y afirmó ser víctima de un «acoso judicial» debido a su éxito político.
Aún más complicado se vuelve su situación cuando recordamos que también enfrenta cargos relacionados con una supuesta colaboración ilegal entre su partido y otro prokurdo durante las elecciones locales del año pasado. A esto se suma otra puñalada a sus aspiraciones: su antigua universidad ha revocado su diploma alegando violaciones normativas. Esto podría complicar aún más sus opciones políticas hacia las elecciones presidenciales de 2028.