En un giro inesperado de los acontecimientos, 238 integrantes de la temida organización criminal venezolana Tren de Aragua, junto con unos veinte más de la Mara Salvatrucha, han sido expulsados desde Estados Unidos hacia el Centro de Reclusión para Terroristas en El Salvador. Todo esto se ha hecho posible gracias a una ley que, aunque discutida en los tribunales, le da al presidente Donald Trump el poder de actuar casi como si estuviera en guerra.
La reacción entre gobiernos y comunidades
La noticia ha llegado a nosotros por parte del propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Rubio no dudó en calificar a estos deportados como ‘extranjeros enemigos’, como si estuviéramos hablando de personajes de una película de acción. Se trata de un total aproximado de 273 personas, donde más de 250 son del Tren y ya están pisando suelo salvadoreño.
En sus palabras, Rubio subrayó que ‘El Salvador se compromete a mantenerlos en sus excelentes cárceles’. Como si eso fuera suficiente consuelo para las familias afectadas. Mientras tanto, Bukele celebraba este movimiento como un paso crucial en su lucha contra el crimen organizado. Pero aquí viene lo interesante: esta deportación se produce justo después de que un juez federal detuviera temporalmente este tipo de acciones legales durante 14 días.
Bukele no perdió la oportunidad y tuiteó sarcásticamente ‘Ooops, demasiado tarde’, dejando claro que estas deportaciones fueron realizadas entre dos fallos judiciales. Y mientras grupos defensores de derechos humanos siguen sin pronunciarse sobre este asunto tan delicado, nos preguntamos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por razones políticas? La situación es compleja y va mucho más allá que simples cifras; hay vidas humanas detrás.