El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisión de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un movimiento que promete acelerar la deportación de migrantes indocumentados. Esta normativa, que evoca recuerdos oscuros de la historia estadounidense —como las injustas detenciones de ciudadanos japoneses durante la II Guerra Mundial— le otorga al mandatario un poder desmesurado para expulsar a personas sin apenas proceso judicial. Amnistía Internacional no ha tardado en calificar esta acción como «increíblemente cruel», advirtiendo sobre los peligros que conlleva.
Una herramienta peligrosa en manos del poder
La proclamación presidencial señala que el blanco principal son aquellos migrantes identificados como simpatizantes del Tren de Aragua, un grupo venezolano al que se le atribuyen actividades terroristas. La ley, según reza su texto, está diseñada para aplicarse cuando Estados Unidos esté en guerra o bajo amenaza y permite deportaciones inmediatas. En el pasado, ya fue utilizada para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes e italianos durante las grandes guerras.
Amy Fisher, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional en EE.UU., ha criticado duramente esta medida: «Es arcaica y debería ser desterrada de la sociedad moderna». Su preocupación no es infundada; este tipo de legislación abre las puertas a violaciones graves de derechos humanos. La capacidad del presidente para detener y deportar a grandes grupos por su nacionalidad es escalofriante.
No obstante, algunos jueces federales están empezando a hacer frente a esta decisión. El juez James E. Boasberg aceptó una demanda preventiva presentada por organizaciones civiles y emitió una orden temporal que impide la deportación inmediata durante 14 días para cinco venezolanos ya detenidos. Este pequeño atisbo de esperanza llega justo antes de una nueva audiencia programada para esta noche donde se decidirá si extender dicha protección.