El baloncesto base está en jaque, y el Bàsquet Ciutat d’Inca lo sabe bien. Todo empezó con una denuncia anónima que ha dejado al club temblando, enfrentándose ahora a una multa de 9.000 euros. ¿La razón? Dos entrenadores no estaban dados de alta cinco meses antes de que se realizara una inspección laboral. Un golpe duro para un club que lucha por mantener vivo el deporte en nuestra comunidad.
Según un comunicado del propio club, los hechos son claros. En agosto recibieron esa denuncia que llevó a la inspección del trabajo. El 17 de septiembre, dos representantes del Bàsquet fueron citados y allí les informaron que las personas encargadas de gestión debían estar contratadas y registradas en la Seguridad Social. Sin embargo, la inspectora les dio esperanzas al asegurarles que no habría sanción y todo se regularizaría. Pero sorpresa: cinco meses después llegó la multa, dejando a todos boquiabiertos.
Una situación insostenible
Los entrenadores del club trabajan bajo un sistema de voluntariado, declarado ante las autoridades, y reciben compensaciones por sus desplazamientos y dietas mientras cumplen con su labor. Pero si el club se ve obligado a dar de alta a todos sus miembros en la Seguridad Social, eso significaría convertir el club en una empresa. Una jugada arriesgada que podría obligar a subir las cuotas mensuales —algo que muchas familias no podrían afrontar— llevándolas a abandonar el club.
Y aquí viene lo más preocupante: si esta situación persiste, podríamos ver cómo muchos clubes cierran sus puertas y entran en crisis, perdiendo entrenadores valiosos que simplemente no quieren lidiar con tanta burocracia y carga fiscal. Por eso, desde el Bàsquet Ciutat d’Inca hacen un llamado urgente: piden movilización entre familias, otros clubes y entrenadores para luchar juntos contra esta amenaza que pone en riesgo nuestro deporte base.