La situación en torno al derribo de sa Feixina se ha convertido en un verdadero culebrón legal. Con el Ministerio lanzando una orden para retirar este símbolo, nos encontramos ante una encrucijada que podría terminar, nada más y nada menos, que en la Audiencia Nacional. Y es que la Ley de Memoria Democrática deja bien claro que no se pueden tocar monumentos franquistas a menos que haya razones artísticas o arquitectónicas que lo justifiquen. Pero aquí hay gato encerrado: sa Feixina está catalogado como Bien de Interés Cultural, una decisión ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en 2019 gracias al empuje de varias asociaciones ciudadanas.
Un laberinto judicial complicado
Este choque entre el deseo del Ministerio y la protección del patrimonio cultural nos deja con un panorama incierto. Si el Ajuntament o cualquier otra entidad decide recurrir, podríamos estar hablando de años antes de ver una resolución firme. La Audiencia tendría que pronunciarse primero y luego llevar el caso al Tribunal Supremo, donde ya han tratado temas similares sobre símbolos franquistas. Recordemos, por ejemplo, la exhumación del dictador del Valle de los Caídos; allí también tuvieron que sopesar la protección del patrimonio.
Así las cosas, parece complicado pensar en retirar ese monolito tan cargado de historia —sea destruido o no— mientras continúe este tira y afloja político. La batalla sigue abierta y, sin duda alguna, va para largo.