En las últimas horas, la antigua cárcel de Palma ha sido escenario de una realidad desgarradora. Hasta 206 personas se han contado viviendo en Sa Presó, según el censo realizado por el Ajuntament. El alcalde Jaime Martínez no ha dudado en convocar una Junta Local de Seguridad para abordar esta situación crítica y empezar a dar pasos hacia la recuperación del inmueble que lleva años tirado a la basura.
Un censo que revela historias ocultas
A primera hora de la mañana, la Policía Local y los Serveis Socials presentaron los resultados del recuento, cerrando a las 07:00 horas. La mayoría son hombres, alrededor del 80%, con una media de edad que ronda los 33 años. Pero lo más impactante es que casi el 70% son magrebíes. Esto pone sobre la mesa un tema complicado: ¿qué estamos haciendo como sociedad para ayudarles?
No podemos olvidar que hay otras 60 personas viviendo de manera irregular en este recinto, aunque no han sido incluidas en este censo inicial. Y mientras tanto, el control de acceso sigue manteniéndose hasta que el desalojo sea total. Así lo ha recordado Martínez, quien ha solicitado apoyo adicional a la Policía Nacional para reforzar la vigilancia.
Aparte de las cifras frías, es crucial saber qué hay detrás de cada número; son vidas humanas con historias diversas. Por eso, desde el Consistorio se están buscando alternativas sociales y se está colaborando con varias entidades para ofrecer recursos y asistencia a estos ocupantes.
No obstante, el clima se torna tenso ante el aumento de incidentes en este espacio. Incendios recientes han puesto en peligro a quienes residen allí y han forzado al Ajuntament a actuar con urgencia. Cort asegura que todo esto responde a una necesidad inminente: garantizar tanto la seguridad pública como la integridad de las personas que viven dentro.
A medida que avanza este proceso administrativo para recuperar posesiones, surgen muchas preguntas sobre cómo vamos a enfrentar esta crisis humanitaria. La historia continúa desarrollándose y nosotros debemos estar atentos.