En una decisión que resuena con fuerza en el debate sobre derechos humanos, la Justicia de Estados Unidos ha dictaminado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han estado impidiendo a decenas de migrantes detenidos en Minnesota acceder a sus abogados. Esto es algo que no podemos pasar por alto; hablamos de una situación que ha llevado a la práctica extinción de los derechos fundamentales de estas personas.
Un fallo contundente
La jueza Nancy Brasel, designada por Donald Trump durante su mandato, ha dejado claro que las prácticas del ICE durante sus operaciones en Minnesota son totalmente inaceptables. Según ella, los detenidos se vieron imposibilitados para hacer llamadas telefónicas o recibir asesoría legal. Y aquí viene lo más indignante: el ICE argumentó no tener recursos suficientes para facilitar estas comunicaciones. Sin embargo, la jueza respondió contundentemente, señalando que «se destinaron numerosos recursos al envío de miles de agentes para arrestar a miles de personas». ¿Y dónde quedan los derechos constitucionales? No pueden escudarse detrás de la falta de recursos cuando se trata de proteger lo básico.
Brasel ha exigido al ICE que proporcione llamadas telefónicas gratuitas y confidenciales a los detenidos durante las 24 horas posteriores a su arresto, así como al menos una llamada cada 12 horas después. Además, deben poder concertar visitas con sus abogados dentro de las seis horas siguientes a su solicitud. La jueza no se quedó ahí; también acusó al Gobierno federal de poner obstáculos deliberados para violar el derecho fundamental a acceder a un abogado.
Los acontecimientos en Minnesota han generado una ola de protestas y críticas desde todos lados. La indignación creció aún más tras la trágica muerte del enfermero Alex Pretti, quien fue abatido por un agente mientras intentaban capturar a un extranjero en Minneapolis. Este tipo de acciones solo alimentan un clima ya tenso y preocupante.