En una mañana que prometía ser rutinaria, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca tomó el pleno del Ajuntament de Palma por asalto. Ángela Pons, su portavoz, se presentó ante un público expectante, armada con una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. En los solares de Son Bordoy, donde pronto comenzará la construcción de una urbanización que albergará 750 viviendas, hay personas que necesitan respuestas.
Pons no dudó en dejar clara su posición: «Con el dinero destinado al edificio de Gesa podríamos construir casas prefabricadas para las 300 personas que aún viven en la antigua prisión de Palma y otras 170 en Son Bordoy, ¡44 de ellos son niños!» Es un grito desesperado por dignidad en un contexto donde lo humano parece olvidado.
Una alternativa necesaria
Acompañada por familias afectadas, Ángela no solo exigió alternativas viables; también denunció la falta total de comunicación con el departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. «Todos tienen certificado de empadronamiento», insistió Pons. Sin embargo, a pesar del apoyo legal, algunos se enfrentan a un cruel proceso donde sus expedientes son anulados sin previo aviso. Esta situación es más que preocupante; es una violación directa a sus derechos.
Las palabras resonaban con fuerza: «¿Dónde están las viviendas sociales? ¿Qué precio tienen esas VPO? De 170.000 euros han pasado a 250.000. Esto es inasumible para la clase trabajadora». Y como si eso no fuera suficiente, Pons también relató historias desgarradoras como la de Víctor, quien vive actualmente en su coche tras perder a su esposa el mes pasado por cáncer y sin acceso a una vivienda social o albergue. Un recordatorio brutal de que detrás de cada cifra hay vidas reales y sueños rotos.