El 28 de enero en Madrid, la Asociación de Prensa Extranjera (FPA) ha hecho un llamamiento urgente para que se haga justicia. En un comunicado lleno de indignación, han denunciado la falta de transparencia en el Tribunal Supremo israelí, que lleva semanas postergando una decisión crucial sobre el acceso de periodistas a la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque los argumentos de seguridad presentados por Israel parecen más una excusa que una realidad.
Los jueces, según la FPA, han estado “influenciados” por esos mismos argumentos que se han debatido a puerta cerrada, dejando a los abogados fuera del juego y sin posibilidad alguna de rebatir lo que se está diciendo. ¡Es una auténtica locura! Como bien apunta la organización, este proceso hermético no solo es injusto; allana el camino hacia un cierre arbitrario e indefinido de Gaza para los profesionales del periodismo.
¿Dónde queda el derecho a la información?
La FPA no se ha quedado callada y ha dejado claro que “no existen razones sólidas basadas en la seguridad” para prohibir el acceso a Gaza mientras otros como trabajadores humanitarios pueden entrar sin problemas. Este doble rasero es inaceptable. El derecho del público a recibir información veraz y libre no puede ser relegado a un segundo plano.
En este contexto, la FPA instó al tribunal a reconsiderar su postura y enfatizó lo urgente que es permitir un acceso independiente y sin restricciones a Gaza. La situación sigue siendo crítica: tras posponer su decisión nuevamente, el Tribunal Supremo ha solicitado una actualización sobre las condiciones en aproximadamente dos meses.
A día de hoy, desde que comenzó esta ofensiva contra Gaza en octubre pasado, Israel ha mantenido las puertas cerradas para los periodistas extranjeros. Solo unos pocos afortunados han logrado entrar, siempre bajo la vigilancia militar israelí. Sin duda, esto plantea serias dudas sobre cómo se nos está contando esta historia tan compleja.