El pasado sábado, el eco desgarrador de la injusticia resonó en Venezuela con la muerte de Edison José Torres Fernández, un policía que, tras años de servicio y dedicación, se encontró en una situación inimaginable. Este hombre de 52 años, detenido a principios de diciembre por atreverse a criticar al régimen, falleció bajo la custodia del Estado. El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) no ha dudado en calificar su muerte como un acto más del “Estado” que parece olvidar su responsabilidad.
Según CLIPP, Torres perdió la vida el 10 de enero en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), justo dos días después de que se anunciara oficialmente una serie de excarcelaciones. Resulta alarmante que aún no se hayan aclarado las circunstancias ni las causas exactas de su fallecimiento. La ONG subraya que esta falta total de información hace al Estado responsable no solo por su vida, sino también por su integridad mientras estuvo bajo su custodia.
Demandan justicia y liberación inmediata
“No puede morir nadie más bajo custodia del Estado”, claman desde CLIPP. Y con razón. La vida y seguridad de quienes están privados de libertad es una responsabilidad directa para quienes los mantienen allí. Desde el viernes, otros 17 presos han sido liberados, pero aún quedan 803 presos políticos según Foro Penal, lo que nos lleva a cuestionar si realmente estamos ante un gesto genuino hacia la paz o simplemente un intento más por desviar la atención.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, anunció estas excarcelaciones como parte de un “proceso para buscar paz”. Sin embargo, es difícil creer en gestos cuando tragedias como la muerte de Torres siguen sucediendo. La necesidad urgente es clara: exigimos una investigación independiente y transparente sobre lo sucedido y pedimos que todos los presos políticos sean liberados sin condiciones. Porque cada vida cuenta y cada voz importa.