En los últimos días, Irán ha sido testigo de un estallido social desgarrador. Desde que comenzaron las protestas hace más de una semana, al menos 36 personas han perdido la vida, entre ellas dos agentes de las fuerzas de seguridad. Todo esto ocurre mientras la situación económica se deteriora y la crisis energética golpea cada vez más fuerte a la población. Las organizaciones de Derechos Humanos, como HRANA, con sede en Estados Unidos, no han dudado en señalar la magnitud del desastre: 2.076 detenciones y un clamor generalizado por un cambio.
Un panorama desolador
Las manifestaciones han inundado 92 localidades en 27 provincias del país, evidenciando que el descontento está presente en cada rincón. La violencia policial ha cruzado límites inimaginables; incluso hospitales y centros de salud han sido blanco de ataques. Este martes, un hospital en Teherán sufrió la embestida de gases lacrimógenos lanzados por la Policía para dispersar a los manifestantes. Aunque desde el centro médico intentaron restarle importancia, asegurando que los gases entraron involuntariamente al recinto debido a la reacción natural del público, es claro que esta represión va más allá.
El fondo del problema es el descenso drástico del poder adquisitivo de millones de iraníes. En este contexto sombrío, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos —y respaldadas por Israel— añaden sal a una herida ya abierta. Recordemos que bombardeos recientes causaron miles de muertes; esa memoria aún pesa sobre el pueblo.