Este jueves, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha dejado atrás los pasillos del hospital donde estuvo bajo observación tras someterse a tres intervenciones quirúrgicas. Con la salud en manos de los médicos, ha sido trasladado nuevamente a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde debe cumplir su condena de 27 años por intentar dar un golpe de Estado. Todo esto, después de que el Tribunal Supremo le negara horas antes la solicitud de prisión domiciliaria presentada por sus abogados.
Un regreso marcado por la controversia
Bolsonaro salió del centro médico en un convoy protegido por escoltas de la Policía Militar y vehículos sin distintivos, una escena que no deja indiferente a nadie. Su traslado se produjo alrededor de las 18:40 (hora española), y desde allí fue llevado directamente a las instalaciones policiales donde lleva recluido desde noviembre.
La decisión del juez Alexandre de Moraes fue clara: “No hay motivos nuevos que justifiquen cambiar lo decidido previamente”, dijo al rechazar nuevamente el pedido humanitario. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente hubo alguna esperanza para el exmandatario o si su destino ya estaba sellado desde hace tiempo.
A pesar de haber sido intervenido inicialmente por una hernia inguinal y luego sometido a más operaciones para frenar un persistente hipo, parece que el personal médico seguirá teniendo acceso para atenderlo adecuadamente. Es curioso pensar que mientras algunos luchan por sus derechos básicos, otros ven cómo se les niega incluso una mínima consideración sanitaria.
Con 70 años y una historia reciente marcada por problemas abdominales derivados del apuñalamiento que sufrió en 2018, Bolsonaro regresa al lugar que le corresponde tras haber intentado desestabilizar el actual gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva. La saga continúa y con ella también las preguntas sobre cómo este capítulo afectará al futuro político en Brasil.

