El sharenting, esa práctica que consiste en compartir fotos e historias de nuestros hijos en las redes, está dejando de ser un gesto inocente para convertirse en un tema serio de debate aquí en España. Cada vez son más las voces que se levantan para cuestionar hasta dónde debemos llegar al compartir la vida de los más pequeños con el mundo.
En esta era digital, donde cada momento se captura y se comparte a la velocidad del rayo, muchos nos hemos acostumbrado a ver imágenes de niños y niñas acompañadas de anécdotas familiares. Pero lo que solía parecer normal ya no lo es tanto; surge una pregunta inquietante: ¿estamos poniendo en riesgo sus derechos digitales?
Un cambio necesario en la regulación del sharenting
Recientemente, el Ministerio de Juventud e Infancia ha dado un paso importante hacia la regulación del sharenting. Esto coloca a España al mismo nivel que otros países europeos que ya están analizando los límites de esta práctica. No buscamos demonizar a las familias ni criminalizar algo tan cotidiano como subir una foto familiar; lo que necesitamos es reflexionar sobre las consecuencias que esto puede acarrear.
Para ponerlo en perspectiva, estudios recientes revelan que cerca del 90% de las familias han compartido imágenes o detalles sobre sus hijos sin haberles preguntado primero. Es más, ¡hay bebés que tienen su propia huella digital antes incluso de cumplir su primer año! La realidad es clara: su identidad online se va formando mucho antes de que ellos tengan conciencia sobre ello.
No podemos olvidar las implicaciones psicológicas; expertos advierten sobre el impacto negativo que puede tener esta exposición constante, especialmente si ocurre en situaciones donde los niños pueden sentirse ridiculizados o bajo presión por mantener una imagen idealizada. La huella digital no solo afecta su privacidad, sino también su salud emocional y desarrollo personal.
Aparte del bienestar emocional, hay un tema crucial relacionado con la seguridad. Muchos casos recientes han mostrado cómo imágenes compartidas sin malicia pueden acabar siendo usadas para fines completamente diferentes. Eso sí da miedo.
A todo esto se suma otro fenómeno preocupante: la monetización infantil. Algunos perfiles populares generan ingresos mediante contenido protagonizado por menores, diluyendo así la línea entre un recuerdo familiar y una explotación comercial vergonzosa. Sin una legislación clara, nuestros pequeños quedan expuestos a situaciones muy vulnerables.
La propuesta del Gobierno no solo abre el debate sobre el sharenting; también invita a reconocer a nuestros niños como sujetos plenos con derechos digitales propios. Se trata de darles voz y control sobre su propia historia desde el inicio.
Pero legislar no es suficiente si no atacamos este problema desde todas las aristas posibles. Las plataformas digitales deben asumir responsabilidad también; son ellas quienes crean entornos donde impera la sobreexposición y dificultan eliminar contenido sensible después.
Además, muchos padres comparten sin saber realmente los riesgos detrás. Aquí es donde entra la educación digital: programas formativos pueden ayudar a tomar decisiones más responsables y respetuosas hacia la intimidad infantil.
Cerrar este capítulo sobre el sharenting refleja algo más profundo: cómo adaptamos nuestros derechos fundamentales a este mundo hiperconectado en constante evolución. Regular no significa censurar o controlar todo; significa proporcionar garantías necesarias para crecer seguros y protegidos.
Así pues, tenemos ante nosotros una oportunidad brillante para colocar esta conversación en el centro del debate público y construir un marco legal equilibrado que eduque sin culpas y asigne responsabilidades equitativas entre familias y plataformas tecnológicas.