En un pleno que nos tocó el corazón, Ángela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), no se contuvo al denunciar el verdadero drama que viven muchas familias con el final de sus contratos de alquiler. «Los precios pasan de 770 a 1.750 euros al mes», sentenció con una sinceridad desgarradora. Hablaba sobre una finca donde, lamentablemente, un centenar de inquilinos se enfrenta a esta brutal subida.
El lado oscuro del negocio inmobiliario
El dueño, un fondo buitre que parece más interesado en hacer dinero que en las personas, ya ha comenzado a notificar a algunos residentes que deben dejar sus hogares. Un incremento del 125% en el alquiler es inaceptable, y Ángela lo sabe muy bien. En su intervención cargada de emoción, destacó la incoherencia del gobierno local: mientras ofrecen ayudas a los propietarios, hay gente que no tiene ni para comer y está al borde del desahucio. «¿No tenéis conocimiento?», les lanzó directamente.
Pons también hizo eco del angustiante caso de las familias que residen en los terrenos de Son Bordoy, donde se avecina otro desalojo anunciado por el Ayuntamiento y la promotora. Propuso soluciones prácticas como casas prefabricadas para esas familias vulnerables; sin embargo, parece que los responsables prefieren mirar hacia otro lado.
La realidad del mercado inmobiliario actual es cruda: las inmobiliarias están creando un ambiente hostil donde hasta tener niños puede ser un obstáculo para alquilar un piso. «Es como si necesitaras un pedigrí para acceder a una vivienda decente», lamentó Pons con indignación. Y añadió: «¿Qué han hecho estos años? Solo políticas para aquellos que buscan hacer dinero».
Aprovechando su intervención, criticó duramente al alcalde por no haber tenido desde el principio la intención de construir viviendas sociales accesibles. Se podrían habilitar hostales o renovar casas medio derruidas; todo esto sería mucho más económico y eficiente.
Por si fuera poco, también denunció el desmantelamiento alarmante de la Oficina de Antidesahucios: menos trabajadores sociales y abogados significa menos apoyo para quienes más lo necesitan. «¿Han pensado alguna vez en estas personas? ¿Qué solución les van a ofrecer?» Así fue como Ángela cerró su discurso lleno de pasión e indignación ante una situación insostenible.