La situación en el Caribe ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Este lunes, Estados Unidos no solo confirmó un segundo ataque contra una embarcación que ya había sido bombardeada en septiembre, sino que también defendió su legalidad. En este contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue clara: «Este ataque se realizó dentro de la ley». Sin embargo, las cosas no son tan simples como parecen.
Un oscuro trasfondo
El primer bombardeo dejó sin vida a once tripulantes y ahora surge la pregunta del millón: ¿por qué repetirlo? Según Leavitt, el almirante Frank Bradley actuó bajo su autoridad para eliminar lo que consideraban una amenaza. Aun así, desde la Casa Blanca han querido desvincular al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cualquier orden sobre dejar sin supervivientes a esos ataques.
«Esto último es cierto», declaró Leavitt ante los periodistas. En su defensa, añadió que el presidente tiene el derecho de actuar contra organizaciones narcoterroristas que amenazan a Estados Unidos. Pero aquí viene lo realmente inquietante: aunque se argumenta que los ataques eran en defensa propia y conforme al derecho internacional, muchos cuestionan si realmente hay justificación legal para acabar con vidas ya vulnerables.
Incluso en medio de esta narrativa oficial, el Manual de Ley de Guerra del Departamento de Defensa establece claramente que atacar con la intención de aniquilar a todos los ocupantes está prohibido por motivos humanitarios y militares. A pesar de esto, Leavitt insistió en que todo fue correcto y legal. El ciclo parece repetirse; un acto violento desencadena otro más violento.
La historia no termina aquí. Según reportes recientes, este tipo de operaciones han acumulado al menos 83 víctimas mortales hasta ahora. La escalofriante cifra nos hace cuestionar cómo puede justificarse todo esto bajo supuestos ideales de protección nacional.