El pasado viernes, en un juicio que dejó a muchos sin palabras, un hombre se sentó en el banquillo de la Audiencia de Palma. Este individuo, al que le corresponde el título poco deseado de padre, había manoseado a su propia hija con discapacidad en una finca de Santa Ponça. Aceptó una condena de dos años de prisión, pero aquí viene lo indignante: el tribunal decidió suspender esa pena.
Una decisión difícil de digerir
Este hombre, español y culpable ante la ley, deberá indemnizar a su hija con 3.000 euros por los daños morales que le causó. Sin embargo, solo tendrá que evitar meterse en problemas durante los próximos cuatro años y cumplir con un programa de educación sexual. ¿Es esto suficiente?
Los hechos sucedieron el 13 de abril del año pasado. La víctima, una mujer española de 47 años, disfrutaba del día con su padre en una finca situada en el polígono de Son Bugadelles. Su condición no es fácil: tiene reconocida una discapacidad del 34% por retraso mental leve y ha lidiado con un trastorno neurocognitivo tras sufrir un ictus en 2017.
Aprovechándose del vínculo familiar, este hombre realizó tocamientos a su hija repetidamente y llegó incluso a bajarse los pantalones pidiéndole algo impensable. Las secuelas psicológicas fueron evidentes; la víctima comenzó a mostrar síntomas ansiosos y depresivos que se agravaron tras ese terrible episodio. Fue solo un mes después cuando decidió romper el silencio y denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil.
Al inicio del proceso judicial, la Fiscalía solicitaba tres años tras las rejas por agresión sexual aprovechándose del parentesco. Pero este viernes se llegó a un acuerdo entre el abogado defensor y el Ministerio Público para reducir esa petición a dos años. Y así queda una historia que nos deja mucho más que preguntas: ¿es realmente justicia lo que hemos visto?