En el corazón de Pere Garau, en Palma, se desata una historia desgarradora. Una madre y su hijo de 15 años han sido expulsados a la fuerza de su hogar, un lugar que creían seguro. Ahora, viven en un albergue provisional subvencionado por Cort durante medio mes. Y lo más indignante es que no debían nada; simplemente se encontraron atrapados en un juego de intereses ajenos.
Una situación inaceptable
El piso donde residían era subarrendado ilegalmente por otra pareja, quienes sacaban provecho de la vivienda como si fuera un negocio propio. Mientras tanto, esta familia monoparental pagaba religiosamente 650 euros al mes, sumando otros 450 euros de una inquilina más. En total, los arrendatarios se embolsaban unos 1100 euros mensuales sin que los verdaderos dueños del inmueble supieran nada.
El viernes pasado fue un día marcado por la violencia. El niño regresó a casa y se encontró con la agresora dentro; lo que ocurrió después es difícil de asimilar. Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios, relata cómo denunciaron el ataque y llevaron a la mujer detenida. Pero aquí empieza el verdadero drama: las medidas cautelares solicitadas no lograron moverse rápidamente y al día siguiente ella ya estaba libre.
Pero eso no fue todo. Ese mismo fin de semana cambiaron las cerraduras y dejaron a madre e hijo en la calle sin piedad alguna. La situación se complica aún más cuando Joan nos cuenta que incluso con pruebas contundentes – vídeos y mensajes – para respaldar su denuncia, el proceso judicial resulta ser un laberinto burocrático donde las víctimas quedan desprotegidas.
Lo más increíble es que después de todo esto, durante una vista judicial reciente ni siquiera citaron a la denunciante. Le ordenaron devolverle las llaves del cuarto pero ignoraron por completo la agresión sufrida. Es inconcebible que insten a una madre a regresar junto a quien le ha hecho daño.
A pesar de que el Ajuntament les ha ofrecido 15 días en un hostal del Secar de la Real como solución temporal, desde Stop Desahucios aseguran que esto no es más que un simple parche. Una vez pasados esos días les exigirán pagar 1500 euros al mes, algo absolutamente imposible para ellos.
La familia llegó en septiembre pasado con grandes esperanzas por ese ‘asequible’ alquiler sin registros formales; pero todo cambió abruptamente cuando recibieron un ultimátum para abandonar su hogar sin previo aviso. La escalada de tensión culminó en violencia física y emocional.
Para colmo, al menor le han recetado ‘Diazepam’ debido a la ansiedad provocada por toda esta situación inhumana. Aunque están luchando legalmente por sus derechos tras presentar recursos ante los juzgados, lo cierto es que siguen siendo extremadamente vulnerables. Joan cierra con una reflexión poderosa: “Es increíble lo que está sucediendo incluso interponiendo todas las denuncias necesarias; imagina cómo estarán aquellos sin apoyo”.