En un giro inesperado, el Juzgado ha decidido desestimar la demanda presentada por Cáritas Española contra el Ayuntamiento de Palma. Esta situación surge tras un acuerdo polémico del pleno municipal que busca poner coto a los empadronamientos ilegales, impulsado por una iniciativa de Vox en 2024. En resumen, lo que se pedía era mayor control sobre el padrón, sugiriendo incluso que la Policía Local realizara inspecciones.
Un debate encendido y una decisión controvertida
La propuesta de Vox no ha pasado desapercibida; su enfoque sobre la «llegada masiva de inmigración ilegal» generó un auténtico terremoto político y social. Sin embargo, es interesante notar que la magistrada no se detiene en las intenciones detrás del texto, sino que evalúa únicamente los acuerdos propuestos: siete puntos donde se instaba al equipo de gobierno a tomar ciertas medidas. Y aquí está lo clave: en ningún momento se mencionaba explícitamente a la inmigración o nacionalidad de las personas implicadas.
Por ello, la jueza concluye que no hubo vulneración del derecho fundamental a la no discriminación, tal como alegaba Cáritas. Además, subraya que el control padronal es una competencia claramente municipal. El aspecto más espinoso podría ser si realmente corresponde a la Policía Local realizar estas inspecciones domiciliarias, ya que esa tarea está designada a otros funcionarios en Palma. Pero aquí viene lo más importante: este acuerdo es solo un llamado al equipo de gobierno y no un acto administrativo con efectos legales directos.
Mientras tanto, Mercedes Celeste, regidora de Funció Pública, asegura que no hay planes para encomendar estas funciones a la Policía porque «no es necesario». La propuesta también incluye establecer un canal para denuncias anónimas sobre empadronamientos ilegales; algo que sí cuenta con el respaldo judicial ya que esas denuncias son parte del ordenamiento jurídico español y representan una forma legítima de participación ciudadana.
Aun así, Celeste muestra satisfacción con el fallo judicial: «Esperamos que aquellos afectados por esta confusión comprendan que todo sigue igual». También recalca que el apoyo del PP hacia esta propuesta no significa aceptar su intención subyacente.
Cáritas ahora analiza si recurrir o no esta sentencia. Mientras tanto, el Defensor del Pueblo ha archivado igualmente la queja presentada por Cáritas respecto al mismo asunto; aunque recomienda tener precaución antes de someter acuerdos políticos a votación para evitar posibles discriminaciones.