En la última sesión del pleno, se respiraba un aire de inquietud. El Ayuntamiento de Palma no ha sabido dar respuesta clara sobre si tiene planes para desbloquear el suelo rústico en esas áreas que parecen estar siempre en el limbo. Óscar Fidalgo, el regidor de Urbanisme, se aferra a la idea de que un análisis exhaustivo llevará su tiempo. «Dar una cifra sería irresponsable», decía con tono serio, pero esta respuesta no ha convencido a nadie, especialmente a la oposición.
Preocupación en los vecindarios
Las críticas llueven desde todos los rincones. Pepe Martínez, socialista hasta la médula, soltó un dardo directo: «Primero legislan y luego veremos qué efecto tienen esas leyes». Y no es solo la oposición; las asociaciones vecinales han alzado la voz pidiendo claridad. En las comunidades cercanas a las áreas potencialmente urbanizables hay una creciente preocupación por cómo este crecimiento podría desbordar los servicios públicos disponibles.
«Pongan cifras reales sobre la mesa. Si nos dicen mentiras, que lo desmientan», clamaba un representante vecinal esta mañana. La Federació d’Associacions de Veïns, además, exige que Palma no entre en ese juego peligroso del suelo rústico. El reloj corre: el Ayuntamiento tiene hasta julio de 2026 para decidir su futuro.
Més y el PSOE están haciendo sus propias cuentas respecto al impacto potencial de estos cambios. Més habla de un posible aumento de hasta 380.000 habitantes y beneficios millonarios para promotores; mientras que el PSOE, después de ajustar su visión según las últimas modificaciones legales, estima que serían unos 126.784 más en Palma.
A pesar del revuelo, el PP parece estar más enfocado en desmentir a sus opositores que en ofrecer soluciones concretas. Este jueves, insistía la izquierda en que Urbanisme debe aclarar dónde planea construir realmente. Fidalgo intentaba calmar las aguas limitándose a leer la ley sin profundizar demasiado.
«La ley requiere un análisis serio y riguroso antes de determinar qué terrenos son viables para acoger nuevas construcciones», repetía con firmeza mientras aseguraba que se enfocarán en ofrecer vivienda asequible a los ciudadanos.
No obstante, los concejales socialistas cuestionaban si realmente fueron conscientes del impacto cuando introdujeron esta legislación hace apenas dos meses: «¿No sabían lo que estaban haciendo? Han pasado 38 días desde entonces y aún no hay avances». Mientras tanto, voces como las de Neus Truyol (Més) o Lucía Muñoz (Podemos) denunciaban una grave falta de responsabilidad: «Han dejado todo esto en manos de promotores».