Este lunes, el Ayuntamiento de Palma se convirtió en el escenario de una protesta que deja mucho que desear. Podemos, representado por su regidora Lucía Muñoz, alzó la voz contra el bloqueo que han impuesto PP, Vox y PSOE a una propuesta crucial para combatir la corrupción. La moción presentada tenía un objetivo claro: prohibir la contratación pública a empresas con antecedentes corruptos. Pero como era de esperar, los votos en contra de PP y Vox, que gozan de mayoría en Cort, junto a la abstención del PSOE, arruinaron cualquier esperanza.
Una hipocresía que hiere
Muñoz no se contuvo y lanzó duras críticas hacia estos partidos: «El partido de Cerdán y Montoro nunca tomará medidas reales contra la corrupción. Para ellos, el abuso de poder no es una excepción; es parte del modelo del bipartidismo y del negocio capitalista español». Y así es como lo ven muchos ciudadanos: mientras fingen indignación ante los escándalos públicos, cuando llega el momento de actuar con seriedad, se retiran.
La propuesta iba más allá; además de prohibir contrataciones con empresas condenadas o bajo sospecha por prácticas corruptas o ambientales graves, también planteaba crear una Oficina Anticorrupción municipal, algo necesario desde que se eliminó la autonómica al inicio del mandato actual. «No podemos permitir que gigantes como Acciona o OHL sigan enriqueciéndose a costa del dinero público», enfatizaba Muñoz con firmeza.
En este mar revuelto de intereses políticos y promesas vacías, solo queda preguntarnos: ¿será posible alguna vez llevar a cabo una verdadera lucha contra la corrupción en nuestra ciudad?