MADRID, 24 de julio. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha tomado una decisión que ha encendido el debate en Europa y entre las ONG: ha ratificado una ley que limita las capacidades de las agencias independientes dedicadas a la lucha contra la corrupción. En un contexto donde la unidad del país es crucial, esta medida llega acompañada de críticas que resuenan cada vez más fuerte.
¿Un intento de control?
Zelenski firmó esta ley en una semana marcada por intensos registros realizados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General en las sedes de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Estas acciones han levantado muchas cejas; hay quienes temen que Rusia esté intentando influir en estos organismos.
La nueva norma permite que la Fiscalía tome el control sobre ciertas investigaciones, incluso archivando o redirigiendo casos. Esto plantea serias dudas sobre la independencia del SAPO. A pesar de los cuestionamientos, Zelenski defiende su postura diciendo que esta ley «garantiza el fortalecimiento real del orden público» y asegura que es vital mantener tanto la unidad como la independencia del país.
Sin embargo, voces como las de Human Rights Watch no se han hecho esperar. Rachel Denber, subdirectora para Europa y Asia Central, advierte que socavar estas instituciones podría debilitar los pilares democráticos necesarios para que Ucrania aspire a un futuro en Europa. La guerra contra Rusia ya está poniendo a prueba al país, y este movimiento legislativo parece una jugada arriesgada ante semejante adversidad.
En definitiva, muchos se preguntan si este es realmente un avance hacia un Estado más fuerte o si estamos mirando un retroceso peligroso para el futuro democrático de Ucrania.