La Associació de Veïns del Passeig Marítim de Palma ha decidido alzar la voz y enviar una carta tanto al Ajuntament de Palma como a la Autoritat Portuària de Balears (APB) para denunciar la situación que están viviendo. Las terrazas sobredimensionadas se han apoderado del espacio público, ocupando más terreno del que deberían, mientras las barras están montadas en plena calle, como si esto fuera un festival permanente. Y no solo eso, las noches se han convertido en un descontrol total: aglomeraciones sin supervisión, limpieza deficiente por parte de algunos locales y coches que bloquean aceras, dificultando el paso a peatones y a quienes tienen movilidad reducida.
Un paseo invadido
A pesar de haber pasado casi tres años en reformas con una inversión millonaria, los vecinos se sienten frustrados porque el nuevo Paseo Marítimo carece de una normativa clara que regule su uso. Como dice uno de ellos: “Nos encanta recibir a los yates de Jeff Bezos o Mark Zuckerberg en nuestros pantalanes, pero ver cómo este paseo se llena de party boats rechazadas por Calvià es simplemente desalentador”. La oferta comercial se vuelve cada vez más degradante y encima hay un aumento notable en la inseguridad y un control nulo sobre terrazas, horarios y ruidos.
La asociación ha denunciado una falta alarmante de coordinación entre el Ayuntamiento y la APB. A pesar de sus múltiples escritos pidiendo soluciones urgentes, lo único que reciben es silencio. “Hemos tenido que pensar en llevar este asunto a los tribunales para defender lo que es nuestro”, lamenta Antonio Ruiz, presidente del colectivo.
Cabe destacar que una reciente sentencia histórica del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Palma condenó al Ayuntamiento por violar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio debido a su inacción frente al constante ruido. Esta decisión resalta lo insuficiente e inadecuada que ha sido la respuesta municipal.
Los vecinos también están preocupados por la reducción de medios en la Policía Portuaria. Esto podría dejar zonas históricamente vigiladas como el muelle de golondrinas expuestas al descontrol total.
Antonio Ruiz resume la situación con claridad: “El ayuntamiento y la APB no logran llegar a un acuerdo para firmar un convenio que nos deje protegidos. El Consistorio dice no tener competencias para actuar; mientras tanto, la APB asigna las terrazas pero no puede sancionar nada. Estamos literalmente en tierra de nadie”.