La historia de esta mujer es un reflejo de cómo a veces las decisiones rápidas pueden traer consecuencias inesperadas. La Audiencia Provincial de Palma ha dado un giro inesperado al anular una sentencia previa que la había condenado a pagar una multa de 1.800 euros y a indemnizar con 2.500 euros a la dueña de la empresa donde trabajaba.
Todo comenzó el 6 de junio de 2022, justo después de que le comunicaran su despido. En un acto impulsivo, accedió al ordenador que utilizaba en la tienda y decidió borrar un archivo crucial, alegando con desdén: «esto no se lo dejo a Cati ni de coña». Lo que no sabía es que ese archivo contenía información valiosa sobre más de 200 clientes potenciales, los cuales habían mostrado interés en productos del negocio.
Un fallo judicial inesperado
A pesar del revuelo inicial, el tribunal comprendió que había habido un error en la aplicación del artículo 263 del Código Penal. La defensa, liderada por el abogado Pedro Martínez, argumentó con firmeza y logró demostrar que se debería aplicar el artículo 264 en este caso. Según los magistrados, la acusada no causó un daño tan grave como para merecer tal castigo; incluso señalaron que “la aplicación del artículo 263 resulta inadecuada”. Finalmente, tras revisar todos los detalles, concluyeron que los elementos necesarios para considerar el delito no estaban presentes y decidieron absolverla.
Este desenlace invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones duraderas e imprevisibles. La justicia, afortunadamente, ha sabido rectificar lo que podría haber sido una condena injusta.