La batalla contra la piratería sigue encendida en España, y LaLiga acaba de recibir otro golpe que complica aún más su cruzada. Javier Tebas, el presidente de esta institución, no se lo ha tomado a la ligera; va con todo tras esos enlaces que permiten disfrutar del fútbol de forma ilegal. A pesar de que han lanzado un bloqueo masivo a varias páginas, el reto es mucho mayor. LaLiga quiere acabar con este problema desde todos los ángulos posibles: desde la señal robada hasta quienes actúan como intermediarios.
Un esfuerzo por proteger el fútbol profesional
A medida que el fútbol gana popularidad entre los aficionados, LaLiga ha redoblado sus esfuerzos. Han comenzado a monitorear direcciones IP y han colaborado con grandes operadoras como Vodafone y Orange para hacer frente a esta lacra. Además, durante los partidos más seguidos, han implementado bloqueos selectivos para reducir el impacto sobre aquellos usuarios que son realmente legales.
Este enfoque proactivo busca desalentar el consumo ilegal y cuidar los derechos de transmisión del deporte rey en España. No olvidemos que el año pasado, lograron obtener permiso para identificar y perseguir a quienes disfrutan del fútbol pirata.
Pero aquí no acaba la historia. Recientemente, un juez en Barcelona dictó una resolución que permite imponer multas de 450 euros a quienes acceden al fútbol mediante estos servicios IPTV ilegales. Esto significa que las operadoras deben proporcionar datos identificativos de quienes se conectan a estos servidores fraudulentos.
Y no solo eso; ahora tienen luz verde para identificar también a aquellos usuarios implicados en prácticas de cardsharing, donde se redistribuyen señales legalmente adquiridas sin pagar lo justo por ellas. Por eso, aquellos espectadores que buscan ver los partidos gratis o pagando menos están ahora bajo la lupa.
A raíz de esta situación, LaLiga ha comenzado a enviar mensajes solicitando ese pago por daños y perjuicios, advirtiendo sobre posibles demandas si no cumplen con lo exigido.
Pese a las inquietudes planteadas por algunas operadoras ante el Juzgado sobre si era necesario revelar identidades finales o solo la de quienes difunden estas señales ilegales, LaLiga dejó claro que su objetivo es atrapar a todos los implicados en este entramado fraudulento. Y aunque algunos intentaron dar marcha atrás en sus solicitudes ante el juez, ya era demasiado tarde: estaban decididos a perseguir tanto a emisores como a consumidores del contenido pirata.