En un giro inesperado en el panorama judicial estadounidense, un juez federal ha echado por tierra los planes del presidente Donald Trump, quien se había aventurado a utilizar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la deportación de migrantes venezolanos. Este dictamen, que llega como un soplo de aire fresco para muchos, se produce tras la controversia desatada en marzo y marca un importante hito en la lucha por los derechos de los inmigrantes.
La decisión que sacude el sistema
El juez Fernando Rodriguez, nombrado por el propio Trump para su puesto en el Distrito Sur de Texas, ha dejado claro que la Administración no tiene autoridad legal para realizar detenciones ni expulsiones bajo esta polémica ley. “No se puede invocar una norma histórica como si fuera un capricho”, subrayó. Y es que este caso no es trivial: más de 200 personas fueron enviadas a El Salvador en un acto que ahora se encuentra en el centro de múltiples litigios.
Durante años, esta ley había sido una herramienta poco utilizada, aplicada únicamente en momentos críticos como durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora vemos cómo intentos como los del Gobierno actual han hecho sonar las alarmas sobre los peligros del abuso de poder. La defensa siempre ha justificado sus acciones alegando vínculos con organizaciones criminales. Pero al final del día, ¿no debería primar el respeto a las leyes y derechos humanos?