En un rincón vibrante de Palma, las educadoras de las escoletas externalizadas han tomado la plaza de Cort, y ya van tres días alzando su voz. ¿El motivo? El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha decidido admitir a trámite la demanda que UGT-Servicios Públicos presentó contra el Ajuntament. La acusación es clara: se ha vulnerado el derecho fundamental a la huelga de estas trabajadoras que tanto se esfuerzan por cuidar y educar a los más pequeños.
Un Grito Colectivo por la Justicia
Este miércoles, mientras el sol brillaba sobre la ciudad, el primer día de huelga dejó sin clase al 58% de los alumnos según CC OO, y ese porcentaje ha ido creciendo esta semana. Muchos padres no encuentran alternativas para dejar a sus hijos menores de tres años. La demanda busca suspender inmediatamente esos servicios mínimos impuestos por el Consistorio, tachándolos de «ilegales» y «abusivos». Y es que cada jornada que pasa es un golpe directo a su legítimo derecho a protestar.
UGT no se queda callada ante esta situación; en un comunicado denunciaron la desigualdad salarial entre educadoras internalizadas y externalizadas. Así, afirman que el Ajuntament está usando tácticas autoritarias para silenciar sus justas reivindicaciones mediante un decreto que cercena su derecho a manifestarse. Aun así, unas pocas valientes han decidido mantenerse firmes en su lucha: solo el 15% del personal ha sido considerado como servicios mínimos y han vuelto a concentrarse en la plaza.
A pesar de una propuesta reciente por parte de Estudi 6, empresa concesionaria del servicio, que ofrecía un aumento salarial ridículo de 100 euros mensuales, las trabajadoras no están convencidas. Pepa Ramis, representante de CC OO, enfatizó: «Hemos propuesto un calendario hasta 2027 para igualar los salarios» e incluso plantearon la posibilidad de internalizar el servicio. No quieren menos; exigen dignidad y respeto.
Jaume Coll, también de UGT, comentó tras una reunión reciente: «Lo que hemos visto son solo buenas intenciones». Mientras tanto, Ramis añade con preocupación que este convenio autonómico no será rápido ni dará respuestas reales a sus demandas. Es evidente que el modelo híbrido actual creado por voluntad política está causando estragos en los derechos laborales.
Frente a esta injusticia persistente con la educación pública en Palma, ambos sindicatos instan al resto de fuerzas políticas a encontrar una solución conjunta para cambiar este desastroso modelo actual. La lucha continúa y ellas están decididas a ser escuchadas.