Este jueves, el pleno de Cort se convirtió en escenario de un momento decisivo para Palma. El alcalde Jaime Martínez levantó la mano y, sin sorpresas, la ordenanza cívica fue aprobada. Se espera que entre en vigor en mayo, tras su publicación en el Boletín Oficial (BOIB). Pero lo que debería ser motivo de celebración esconde una serie de cuestiones que nos hacen reflexionar.
Con los votos a favor del PP y Vox y la oposición del PSIB, Més y Podem, esta normativa ha suscitado más que aplausos. Tras meses de debates desde su presentación en noviembre, se han eliminado las polémicas sanciones a quienes viven en autocaravanas. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. El regidor Miquel Busquets defendió la norma como una apuesta por el civismo, pero muchos no pueden evitar sentir que esto es solo una fachada.
Civismo o control social
Asegura Busquets que esta ordenanza busca un equilibrio entre derechos individuales y colectivos. Pero ¿realmente se está buscando una ciudad más limpia y ordenada? Las críticas no tardaron en llegar: Angélica Pastor (PSOE) acusó al equipo de gobierno de preocuparse más por la imagen que por los ciudadanos reales. Y no le falta razón; muchos sienten que hay un aire elitista detrás de esta normativa.
Las voces de Més y Podem también resonaron fuerte. Neus Truyol habló sobre cómo esta ley parece perseguir a quienes piensan diferente y hasta criminaliza la pobreza. Lucía Muñoz fue más allá al recordar las palabras del Papa Francisco sobre los vulnerables, subrayando la hipocresía del Ajuntament justo después de guardar un minuto de silencio por él.
Parece claro que este nuevo marco legal tiene luces y sombras; aunque algunos lo ven como un avance necesario, otros temen que sea solo otro intento de controlar a quienes ya están luchando para salir adelante. La pregunta es: ¿estamos construyendo una ciudad más justa o simplemente tirando a la basura los derechos fundamentales?