MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) – En un giro inesperado pero bienvenido, una jueza federal en Estados Unidos ha puesto un alto a los intentos de la Administración de Donald Trump por despojar abruptamente a más de medio millón de personas, procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, de sus medidas de protección. Este es otro duro revés para las políticas migratorias del actual Gobierno.
El plan que habían planteado establecía como fecha límite el próximo 24 de abril, un día marcado en rojo para unas 532.000 personas que llegaron al país gracias a un programa creado bajo la Administración Biden en 2022. De no haber tomado acción antes del plazo, estos migrantes se verían en una situación precaria y podrían ser detenidos si no abandonaban el país voluntariamente.
Un pronunciamiento crucial
No obstante, la jueza Indira Talwani, desde su tribunal en Boston, ha dejado claro que eliminar este programa sin justificarlo “caso por caso” socava los principios del Estado de derecho. Y es que estamos hablando de migrantes que han llegado legalmente a Estados Unidos bajo el amparo del propio Gobierno. Como menciona CBS News, esto no es solo una cuestión administrativa; hay vidas humanas en juego.
A pesar de las promesas rimbombantes de Trump sobre endurecer la política migratoria y acelerar deportaciones, parece que se enfrenta a un sistema judicial más reticente del esperado. De hecho, ya hemos visto cómo algunos jueces han echado abajo varias medidas drásticas propuestas por su administración. Hace poco, otro juez también cuestionó la decisión sobre el estatus protector otorgado a más de 350.000 venezolanos.