El pasado jueves, 3 de abril, marcó un antes y un después en el complicado mundo de las okupaciones. Con la entrada en vigor de las desokupaciones exprés, aquellos que sufren este problema pueden ver la luz al final del túnel. Antes, los okupas podían estar años ocupando una vivienda; ahora, gracias a una reciente enmienda del PNV a la ley de Enjuiciamiento Criminal, ese tiempo se reduce drásticamente a apenas unos 15 días.
Una medida esperada pero insuficiente
José Vicente Marí, diputado del PP por Baleares en el Congreso, explica que esta nueva normativa permite que delitos como la usurpación y el allanamiento de morada sean tratados con mayor celeridad. En resumen, si un juez lo considera necesario, el lanzamiento podría darse en plazos aún más cortos tras solicitar medidas cautelares.
Aunque Marí considera esta iniciativa «muy positiva», no se engaña: no es suficiente. Critica que los plazos judiciales ya son demasiado largos y culpa al ministro de Justicia, José Félix Bolaños, por no haber hecho lo necesario para agilizar el proceso. La realidad es dura; según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Baleares se encuentra entre las comunidades con mayor índice de okupaciones.
Por eso, Marí exige a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, que dé prioridad a la Ley Antiokupas aprobada por el Senado. «Es imprescindible», insiste. Para él y muchos afectados, tener una legislación más estricta es vital para poder actuar rápidamente ante estas situaciones. No basta con juicios rápidos; necesitamos desalojos inmediatos en las primeras 24 horas.
La situación es crítica y complicada. El propio diputado señala que el Gobierno de Pedro Sánchez parece favorecer la okupación mediante normativas como la ley estatal de vivienda. Esto provoca que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado por miedo a inquilinos problemáticos. Así están las cosas; mientras algunos luchan por recuperar su hogar perdido entre leyes y burocracia interminable.