En un giro inesperado y cargado de consecuencias, la Administración Trump ha decidido tirar a la basura las protecciones legales que permitían a más de medio millón de migrantes vivir y trabajar en Estados Unidos. Hablamos de aproximadamente 532.000 personas provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes habían llegado legalmente gracias a un programa de trabajo temporal en 2022. El aviso oficial llegó el pasado viernes a través del Registro Federal y entrará en vigor el próximo 25 de marzo.
Un futuro incierto para miles
A partir de finales de abril, estos migrantes perderán su estatus legal. Aquellos que no cuenten con una alternativa legal para permanecer en el país se enfrentarán a una dura realidad: tendrán que marcharse o serán deportados. Esta decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, significa un golpe duro para quienes buscaban estabilidad tras dejar atrás situaciones difíciles en sus países.
El programa CNHV, que fue creado bajo la administración anterior de Joe Biden como una salida más segura frente a los peligrosos cruces fronterizos, ahora es visto por Trump como un ejemplo más del problema migratorio. Durante mucho tiempo ha criticado este tipo de iniciativas, tachándolas incluso de ilegales y comparándolas con políticas que fomentan fronteras abiertas.
Es indignante pensar cómo estas decisiones afectan vidas enteras; personas que llegaron con sueños e ilusiones se ven ahora ante un futuro incierto y aterrador. ¿Qué pasará con ellos? Es fundamental no perder de vista lo humano detrás de estas cifras frías.