En una historia que deja sin aliento, el caso Cursach vuelve a hacerse eco en los pasillos de la justicia española. El protagonista no es otro que un testigo protegido, conocido como TP26, cuyo papel ha sido puesto en entredicho tras salir a la luz un vídeo explosivo. En él, se le ve recibiendo instrucciones directas del exjuez Penalva y del exfiscal Subirán, todo mientras otros policías locales eran arrastrados a prisión.
Un giro inesperado
La situación ha llevado al abogado Vicente Coco Campaner a presentar una querella contra dos magistrados del TSJIB: Terrassa y Montserrat. Según la denuncia, estos jueces dictaron resoluciones repletas de mentiras con el único objetivo de proteger a sus colegas implicados en este escándalo. No se andan con rodeos: “Negaron lo innegable”, afirma Campaner.
A medida que las evidencias empiezan a emerger, los denunciantes han recurrido incluso a un ingeniero informático para analizar los mensajes de WhatsApp del policía Iván Bandera. ¿El resultado? Un cruce de datos que muestra cómo las notificaciones del móvil resonaban en la habitación donde estaba TP26 mientras el exfiscal manipulaba su dispositivo.
Este fraude judicial no solo hiere la credibilidad de quienes deberían ser garantes de la ley; también revela una soberbia alarmante. Los magistrados intentaron desestimar estas pruebas argumentando que sería “imposible” que un juez y un fiscal cometieran delitos sabiendo que estaban siendo grabados. Pero esta narrativa huele más a defensa desesperada que a una verdad sólida.
Así estamos: entre manipulaciones y engaños, el camino hacia la justicia parece más complicado cada día. A medida que se revelan estas verdades ocultas, nos preguntamos: ¿qué más estará escondido bajo esta superficie? La historia continúa desarrollándose y nosotros estamos aquí para seguirla muy de cerca.