La historia que se cuenta en las calles de Palma está a punto de dar un giro. El alcalde, Jaime Martínez, ha anunciado este miércoles que el Ajuntament no va a quedarse de brazos cruzados ante la situación de más de un centenar de personas que actualmente viven en la antigua cárcel. Este lugar, que ha sido un hogar improvisado durante años, se convertirá en el escenario donde se implementará un nuevo proyecto social.
Desalojo y futuro incierto
A primera hora del día, la Policía Local comenzó a entregar notificaciones a los ocupantes, dándoles solo diez días para abandonar lo que han considerado su refugio. “No podemos mirar hacia otro lado”, afirmaba el alcalde, subrayando los peligros que corren estas personas debido al estado deplorable del edificio. Según informes de diferentes entidades como Bombers y Policía, este recinto no es seguro para vivir.
Martínez no ha dudado en recordar que el lugar lleva ocupado más de una década. La situación ha ido empeorando y los problemas de convivencia son evidentes. Por eso, aunque el desalojo sea un procedimiento administrativo formal, existe la posibilidad real de que se recurra a medidas judiciales si los ocupantes no abandonan voluntariamente el recinto.
Pero esto no es solo una cuestión administrativa; hay un plan detrás. Una vez desocupado el espacio, se proyecta iniciar diversas obras para transformar esta zona tan emblemática. Desde intervenciones necesarias para mejorar la movilidad hasta planes ambiciosos para construir viviendas protegidas o soluciones habitacionales destinadas a colectivos vulnerables.
Al principio del año, el alcalde tuvo una reunión con Médicos del Mundo y representantes del IMAS y el Govern con un objetivo claro: crear un plan interinstitucional sólido para abordar esta delicada situación. La esperanza es palpable entre quienes luchan por hacer visibles las necesidades más urgentes dentro de nuestra comunidad.